Presunto monopolio telecomunicacional en edificios y condominios

El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) envió un oficio para que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inicie una investigación por presunto monopolio en edificios y condominios.

Según el órgano encargado de la protección de los consumidores existirían algunas empresas constructoras e inmobiliarias que al momento de concluir la construcción de un edificio, forman contratos de exclusividad para que dicho edificio tenga sólo un prestador de servicios de televisión por cable, lo que afectaría el derecho a elegir libremente el prestador de servisios de telefonía, internet y televisión. Así, una persona que llega a vivir a un edificio se encuentra cautiva respecto a un sólo prestador de servicio de televisión por cable.

El oficio busca que la FNE se pronuncie sobre la eventual violación a la libre competencia que implicaría esta práctica.

Una de las empresas involucradas ha negado contratos de exclusividad, diciendo que en los contratos se establecen cláusulas que garantizan al usuario la posibilidad técnica de contratar los servicios de telecomunicaciones con otras empresas.

Las cláusulas de no competencia. (Acuerdo extrajudicial FNE- SMU)

   Hoy en día, es frecuente encontrar contratos que incluyen cláusulas en cuya virtud se asume la obligación de no competir en un cierto mercado.

   La FNE, a partir de un proceso de adquisiciones por parte de S.M.U. S.A. (Grupo vinculado a Álvaro Saieh) que le permitió posicionarse como el tercer actor a nivel nacional en la industria de supermercados, inició la investigación bajo el Rol N° 1610-09, que tenía por objeto analizar la situación de las cláusulas de no competir incluidas en cada uno de los contratos de adquisición.

SMU, tras el inicio de esta investigación, se acercó a la FNE con el propósito de ajustar todas las cláusulas de no competencia que suscribió en el marco de sus operaciones de adquisición de cadenas de supermercados, lo que se plasmaría finalmente en el acuerdo extrajudicial suscrito entre FNE y SMU con fecha 6 de Julio de 2010.

El fin del FEPCO

En el año 2005, la ley 20.063 creó el denominado “Fondo de estabilización de los precios de los combustibles derivados del petróleo”, cuyo objeto es “atenuar las variaciones de los precios de venta internos de la gasolina automotriz, el petróleo diesel, el gas licuado de petróleo y el kerosene doméstico, motivadas por fluctuaciones de sus cotizaciones internacionales” (art. 1º de la ley). La misma norma estableció su vigencia desde octubre del 2005 hasta el 30 de junio de 2010. De acuerdo a los datos entregados por la Comisión Nacional de Energía, FEPCO mantiene aún US$ 360 millones.
La prensa ya hizo ver a inicios de año, faltando unos meses para el término de vigencia, las consecuencias del término del mencionado fondo. En la última semana se destacó la opinión de los diversos sectores; hay quienes sostienen que actualmente no tiene ningún efecto en el precio; por el contrario, proponen bajar el impuesto a las bencinas y utilizar esos dineros para la reconstrucción, más aún porque la cifra corresponde a más de la mitad de los recursos que el gobierno necesitará en caso de que no prospere el nuevo royalty planteado en el plan de financiamiento.
Otros, en cambio, afirman que ha sido útil para mitigar los impactos de variaciones de corto plazo en los combustibles, sin afectar el traspaso saludable de tendencias de mediano y largo plazos de los precios en los mercados externos.
Habiendo terminado el FEPCO el jueves recién pasado, ¿en qué situación quedamos? El Ministro de Hacienda, Hernán Larraín, sostuvo que seguirá existiendo un sistema de “suavizamiento” de los precios de los combustibles, que durante esta semana será informado.
En cuanto al trasfondo, ¿la solución hacia dónde debe apuntar? ¿Seguir creando mecanismos temporales que paleen este baile de los precios? ¿Idear un mecanismo permanente? ¿Existe esa posibilidad en la situación nacional? Tema que da para una larga discusión.